En tanto legisladores y supervisores de las políticas gubernamentales, los parlamentarios pueden garantizar que su gobierno cumpla con los requerimientos del CDB, que es un tratado internacional jurídicamente vinculante. En este sentido, muchas decisiones de la COP son pertinentes para los parlamentarios. Por ejemplo, en la
decisión VIII/5, se presenta un marco para la vigilancia de la aplicación del logro de la meta 2010 y la integración de las metas a los programas de trabajo temáticos. En el artículo 11 de esta decisión se insta a las Partes a "desarrollar objetivos y metas nacionales y/o regionales, e indicadores nacionales relacionados, considerando los comentarios de comunidades indígenas y locales, y otros interesados, según sea apropiado, y a incorporarlos en los planes, programas e iniciativas pertinentes..." De modo que los parlamentarios pueden promover el establecimiento de metas nacionales para 2010 y garantizar que se instauren las medidas y programas necesarias a tal fin y que estén disponibles los recursos presupuestarios requeridos.